Juzgados de Flagrancia

Hola este es un resumen de estos juzados, presentado en el 2008 a Boris Ramirez.Es una pequeña parte del trabajo.
La flagrancia es la detención efectuada en el momento de cometer un delito por ejemplo que un policía observe un asalto cuando una persona roba el objeto y el funcionario lo detiene. En esta se debe mantener un espacio lógico entre llevar a cabo el hecho y la captura, es obvio que el policía debe observar el hecho y el sujeto en caso de robo debe de poseer el objeto robado. Las capturas deben de respetar la constitución, respetar los lineamientos como el derecho a un abogado defensor y si la persona no se rehúsa a la detención esta se debe de realizar de forma pacífica además de otros términos que establece la constitución de cada país. Los trámites que se requieran se deben practicar aunque el sospechoso no lo desee, aunque el acusado se retenga a ir a la fiscalía es obligación del policía trasladarlo. El objetivo es llevar a la persona detenida a la fiscalía, la autoridad debe intervenir para evitar la fuga del imputado.
En varios casos los imputados recurren a pedir orden de aprensión firmada por un juez, en caso de que rija la flagrancia este no es necesario y no se estaría violando el derecho de la libertad de la persona, osea no se puede aplicar una demanda de habeas corpus en caso de fragancia por estar cometiendo un delito.. Es claro que se debe demostrar que se comete un delito, siempre la fuerza policial debe evidenciar el acto delictivo para evitar el mal uso de los recursos legales, esta ley se aplica en casos de suma claridad. Después de trasladar al reo al centro de justicia se le nombra un defensor.
En la flagrancia se le obliga a cualquier policía detener a una persona que cometa el delito en su presencia, la obligación de la fuerza policial nacional es cumplir con el mantenimiento de la seguridad por lo que deben de cumplir la labor que ellos adquieren con la sociedad al ejercer esa profesión, de lo contrario sería motivo de despido. Si es necesario en la persecución del delincuente el policía puede entrar a la propiedad privada sin la autorización de un juez. Si no se demuestra que existió el delito la acción de ingreso a la propiedad privada se castiga como invasión a la propiedad privada, el fin de este punto específico de la ley es evitar el abuso del poder departe de la fuerza policial, como ha ocurrido durante la historia, la propiedad privada no puede ser invadida de ninguna razón si no es con la orden de un juez y en esta vendrían los nombres y números de cédula de las personas que ingresen a la propiedad.
Es indispensable encontrar al delincuente “con las manos en la masa” para que la policía pueda accionar de manera urgente, es un acto no respaldado por la ley la detención del delincuente sin las pruebas necesarias de que se cometió el delito, esto para evitar el mal accionar de la ley.
En caso de detención el policía no puede adelantar el juicio, ya que esto es tarea que corresponde a los jueces, ningún oficial policial tiene el derecho de asegurar a un acusado culpable su profesión le brinda el derecho de atrapar al presunto ladrón pero de ninguna manera de brindar ni expresar juicios propios.
Es necesario la inmediatez temporal, el hecho debe de haber ocurrido de inmediato, no es posible detener a una persona en la mañana acusada de este delito y trasladarlo a la fiscalía en la noche, la idea principal de los juzgados que se encarguen de la flagrancia es un rápido accionar y evitar largos procesos de justicia para juzgar un delito in fraganti, y la exactitud personal, que al ser detenida la persona en el acto no existan dudas de que esa es la persona que efectuó el acto no debe de haber confusión de ninguna manera.
El acto de flagrancia da pie a la acción inmediata de cualquier oficial, no se debe de esperar ningún permiso para actuar, si es necesario se debe pedir refuerzos per la idea es que el accionar policial sea veloz, y pueda ser juzgado el caso en menos de 20 días si es un caso muy complicado

En el caso de Costa Rica desde el 29 de enero del 2008 se publicaron informaciones acerca de crear organismos que juzguen rápido los asaltos callejeros o la flagrancia, su idea inicial es lograr condenar en 5 días como máximo, lo que realmente me sorprende debido a que en otros países se establece en 20 días.
El anuncio de este proyecto fue dado por la sala tercera de la corte suprema de justicia, y el fin de este proyecto es eliminar los asaltos callejeros y limpiar un poco la congestión que se encuentra en la corte, “Con este plan, la Corte Suprema de Justicia espera combatir la impunidad, especialmente en delitos callejeros como los carterazos, el robo de celulares y las contravenciones penales”
Dentro del plan se seguiría el siguiente procedimiento: el acusado sería trasladado a la fiscalía donde se pediría una “audiencia temprana” estas resolverían el caso lo más pronto posible. La diferencia con los casos oficiales sería que no se pedirían informes ni partes oficiales. Y se pretende ser juzgado en 5 días y contar con un abogado defensor.
Y por los cinco días los acusados estarían bajo prisión preventiva durante los días del juicio.
Esta estrategia para combatir la inseguridad se implantó en San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Además se pretende incluir a Puntarenas y Limón en el caso de delitos menores llamados contravenciones.
Esta medida va en busca de enfrentar el problema de delincuentes que por cometer delitos pequeños o en horas donde no hay jueces no son juzgados y deben de volver a las calles, para el año pasado se estimó que el número de personas en esta condición era alrededor de 600.
“Son esos casos de los que en buena parte se queja la ciudadanía. De personas a quienes se detiene y hay que dejar en libertad porque no hay una franja horaria para la resolución del caso”, comentó el magistrado Arroyo
Para poder efectuar este plan fue necesario que el poder ejecutivo brindara un presupuesto extraordinario para el poder judicial en la que se incluye la creación de 18 nuevas plazas para jueces contravencionales, 32 jueces penales, 50 defensores públicos y otros 50 fiscales, quienes trabajarán en jornadas de 24 horas.
En el proceso de juicio testificarán los policías, la víctima y el acusado, quien contará siempre con un defensor para garantizar sus derechos.
Personalidades que apoyaron el proyecto fueron Fernando Berrocal ex titular en asuntos de seguridad del país, Laura Chinchilla ex ministra de justicia, y Jorge Rojas ex director del OIJ.
El plan de los juzgados de empezó a regir a partir del primero de octubre d este año en los tribunales de Goicochea con las esperanzas de llevarlo hasta las zonas costeras como Limón y Puntarenas.
El plan piloto anunciado ayer por el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, y el magistrado José Manuel Arroyo, quien presidente la Sala Tercera Penal.
“Se atenderán los asuntos que la Fuerza Pública generalmente atiende; ellos trasladan al detenido con toda la evidencia y los testigos y los presentan ante el Ministerio Público y, a través de una audiencia oral, se les dicta sentencia en cuestión de horas, días o semanas”, explicó el magistrado Arroyo.
El presupuesto extraordinario que se aprobó este año por parte del poder ejecutivo fue por un monto de ¢17.000 millones.
A los dos días de trabajar los juzgados empezaron a caer lo hampones más de 17 hampones fueron detenidos in fraganti en un plazo de 24 horas por la Fuerza Pública, la Policía Municipal y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Sin embargo no todo opera de forma rápida El Ministerio Público informó ayer de que no todos los casos serán tramitados por el sistema de flagrancia, pues al valorar los hechos se verificó que no cumplían todos los requisitos y, entonces, se juzgarán de la forma normal. Empero, alegaron no disponer de datos exactos sobre cada caso.